Se ha visto en lecciones anteriores que el mercado perfectamente competitivo maximiza en el punto de equilibrio el beneficio total, entendiendo como tal la suma del beneficio de compradores y vendedores.

El problema surge porque a veces la actividad económica no sólo repercute en compradores y vendedores, sino que también afecta a terceros, y en ocasiones muy negativamente. Estos efectos no son tenidos en cuenta por compradores y vendedores a la hora de tomar sus decisiones.

El sector cementero aglutina a productores y a compradores de cemento. Cada participe toma sus decisiones pensando exclusivamente en su propio beneficio.

Si esta actividad afectara exclusivamente a ellos el mercado perfectamente competitivo lograría maximizar el beneficio total. Pero resulta que la producción de cemento es altamente contaminante, perjuicio que sufren las poblaciones cercanas a las fábricas.

El coste de la contaminación no es tenido en cuenta en las decisiones que toman compradores y vendedores, luego en este caso el mercado perfectamente competitivo no consigue maximizar el beneficio total de la sociedad.

Estos efectos secundarios no contemplados por compradores ni vendedores se denominan externalidades, que pueden ser positivas (beneficios para un tercero) o negativas (perjuicios para un tercero).

Por ejemplo, la actividad de una discoteca no sólo afecta al propietario y a sus clientes, sino que puede generar ruido, problemas de aparcamiento, etc., que también afecta, negativamente, al vecindario.

El desarrollo de motores de automóvil menos contaminantes no sólo afecta a productor y comprador, sino que la sociedad en su conjunto se beneficia de una menor contaminación.

La existencia de externalidades puede hacer que el modelo de competencia perfecta no optimice el bienestar social al no tener en cuenta estos efectos.

A veces el propio sector privado puede resolver por si mismo un problema de externalidades.

Por ejemplo, si un edificio histórico de propiedad privada genera un flujo de turismo que beneficia a otros negocios del entorno (hoteles, restaurantes, tiendas, etc.) es posible que el propietario de dicho edificio y los comerciantes de la zona lleguen a un acuerdo para compartir los costes de conservación del mismo.

No obstante, el acuerdo privado no siempre es posible, especialmente cuando son muchas las partes implicadas dada la dificultad de negociar y poner de acuerdo tantos intereses.

Cuando la iniciativa privada falla para resolver las externalidades puede estar justificada la intervención del Estado.

El Estado tratará de corregir esta deficiencia y así intentar maximizar el beneficio total de la sociedad.

El Estado puede intervenir:

a) Regulando las actividades (prohibiendo o promoviendo determinas actuaciones, según generen externalidades negativas o positivas).

Por ejemplo, puede obligar al cierre de bares y discotecas a partir de cierta hora de la noche, puede prohibir el ejercicio de actividades contaminantes o peligrosas cerca de núcleos urbanos, etc.

b) Estableciendo correctores (subvenciones o penalizaciones), de modo que el impacto económico de las externalidades afecte directamente a la parte que la origina y por lo tanto la tenga en cuenta a la hora de tomar sus decisiones.

Correctores

Con el establecimiento de correctores el Estado busca que el sector privado internalice las externalidades que genera.

Se trata de que el impacto económico que producen las externalidades se materialice como un mayor coste (externalidades negativas) o mayores ingresos (externalidades positivas) para aquel que las origina.

Estos correctores pueden ser muy diversos en función de la externalidad que traten de internalizar.

a) Por ejemplo, si una empresa contamina es justo que pague un canon por esa contaminación, importe que el Estado puede dedicar a paliar los efectos nocivos de la misma.

Este canon se convierte en un coste más que tiene que asumir esta empresa. Por tanto, la curva de oferta (que representa los costes de producción) se desplazará hacia arriba.

Para cada cantidad ofrecida los vendedores solicitarán un precio mayor ya que sus costes de producción se han incrementado en la cuantía del canon.

El punto de equilibrio se desplazará hacia la izquierda, lo que implica una disminución del volumen de transacciones.

b) Si una empresa prepara a sus empleados invirtiendo en formación, esto genera una externalidad positiva: esta formación beneficia al trabajador y a la empresa mientras el trabajador permanezca en la misma, pero cuando cambie de trabajo esta mayor formación beneficia a la sociedad en su conjunto al disponer de una mano de obra más cualificada.

El gobierno podría favorecer esta externalidad positiva subvencionando parte de los costes de formación de las empresas. Esta subvención reduciría el coste de producción de esta empresa desplazando su curva de oferta hacia abajo.

El punto de equilibrio se desplazará hacia la derecha, lo que implica un aumento del volumen de transaaciones.

Hemos visto dos ejemplos de externalidades por el lado de la oferta, una negativa y otra positiva, pero también pueden surgir externalidades por el lado de la demanda que pueden justificar también la intervención del Estado para tratar de corregirlas.

a) El consumo de tabaco genera importantes problemas de salud que conllevan un elevado coste de atención para la sanidad pública.

El fumador, a la hora de tomar sus decisiones de compra, no tiene en cuenta este coste que tendrá que ser asumido por toda la sociedad.

Por ello, el Estado puede intervenir fijando un impuesto sobre la cajetilla. La curva de demanda se desplazará hacia abajo (el comprador demandará la misma cantidad que antes siempre que su precio fuese inferior ya que a dicho precio tendrá que sumarle el importe del impuesto).

El nuevo punto de equilibrio estará situado a la izquierda del anterior lo que implica una disminución del volumen de transacciones. Por otra parte, el Estado recibirá unos ingresos que podrá destinar a cubrir el coste sanitario derivado del tabaco.

b) Un ejemplo de externalidad positiva puede ser la instalación de paneles solares en las viviendas particulares. Esto generará una menor contaminación que beneficiará a toda la sociedad.

El propietario de la vivienda no tiene en cuenta esta externalidad positiva a la hora de tomar sus decisiones. Esto puede justificar la intervención del Estado apoyando esta iniciativa con subvenciones.

 

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