Un requisito fundamental para que un mercado funcione correctamente es que los derechos de propiedad del bien (o servicio) que se negocien estén perfectamente definidos.

El funcionamiento del mercado descansa en la negociación entre el titular del bien y un tercero que quiere adquirirlo. Esta negociación conduce al establecimiento de un precio que satisface a ambas partes y permite la transacción.

Pero para que dicha negociación sea posible es necesario que esté perfectamente definido quien es el titular del bien.

El problema radica en aquellos bienes que tienen valor económico pero cuya propiedad no está determinada, lo que impide que pueda haber una negociación que permita fijar un precio.

Por ejemplo, una atmósfera limpia, sin contaminación, tiene valor económico (es beneficiosa para la sociedad), pero no tiene propietario.

Cuando no hay propietario se puede utilizar el bien gratuitamente, sin pagar por él, esto presenta el peligro de un mal uso, de que haya despilfarro.

Estos bienes de uso gratuito se pueden agrupar en dos grandes categorías:

a) Bienes públicos. Son de libre acceso para todo el mundo (no se puede restringir su uso) y son ilimitados (su uso por una persona no limita el uso por otros interesados).

Por ejemplo, las playas, los ríos, el aire, la defensa nacional, la seguridad ciudadana.

b) Recursos comunes. Son de libre acceso (no se puede restringir su uso) pero son limitados (su uso por una persona sí limita el uso por otros interesados).

Por ejemplo, la pesca, la caza, los servicios de urgencia de un hospital.

El libre mercado no funciona correctamente cuando nos encontramos ante estos tipos de bienes:

Al carecer de precio los mercados no pueden garantizar que estos bienes se compren y se vendan en la cantidad adecuada (aquella que maximiza el beneficio total).

Esto justifica que deba intervenir el Estado para tratar de regularlos, buscando maximizar el beneficio total.

Bienes públicos

El problema de los bienes públicos es que al no poderse restringir su uso se benefician personas que no pagan por su uso. Esto impide que el mercado pueda gestionar su uso y justifica que sea el Estado quien lo regule.

Por ejemplo, las personas tienen acceso libre y gratuito a las playas y se benefician de ellas sin pagar nada. Esto hace que ninguna empresa privada esté interesada en gestionarlas ya que no va a poder cobrarle a los usuarios.

Al ser un bien que genera un beneficio para toda la sociedad es lógico que el Estado se preocupe de su conservación, asumiendo un coste que termina repercutiendo en los ciudadanos (impuestos).

Cuando el Estado invierte en un bien público tiene que saber si esa inversión está justificada, es decir si el beneficio que generará será superior a su coste.

El problema surge por la falta de un precio de referencia.

El precio de un bien nos permite conocer cuanto lo valoran los compradores.

Si compramos un libro por 18 euros es porque valoramos dicho libro al menos en 18 euros.

Pero, ¿cuánto valora una familia el que la playa esté limpia?, ¿que haya servicios de vigilancia?

La falta de precio dificulta la realización de un estudio de coste-beneficio para ver si la inversión que el Estado quiere acometer está justificada.

Por ejemplo, un ayuntamiento dispone de recursos para acometer bien la construcción de una comisaría o la de un hospital. Al Estado le resultará muy difícil medir el beneficio que genera cada una de estas opciones y cual de ellas es más adecuada.

El análisis coste-beneficio es una herramienta fundamental para evaluar una inversión, y en los bienes públicos esta herramienta no se puede emplear rigurosamente, tan sólo se pueden realizar aproximaciones.

Los recursos comunes

Los recursos comunes, al igual que los bienes públicos, son de libre acceso y su uso es gratuito, pero se diferencian en que su utilización por una persona reduce las posibilidades de uso por las demás.

El problema es que al ser gratuitos se tiende a utilizarlos más de lo conveniente, impidiendo su uso por terceras personas que pudieran tener mayor necesidad.

Por ejemplo, las urgencias de un hospital público. Su capacidad de atención es limitada por lo que su uso por una persona dificulta o incluso puede impedir su aprovechamiento por un tercero. Por lo general se acude a urgencias con más frecuencia de la necesaria.

Otro ejemplo de recurso común es la pesca. Todo el mundo se puede beneficiar de ella, pero en la medida en que una persona pesca reduce las posibles capturas de los demás. Si no se regula esta actividad se produciría una sobreexplotación que terminará por agotar este recurso.

Otro ejemplo de recurso común es el agua del subsuelo. Los propietarios de terrenos pueden perforar pozos en sus parcelas para obtener agua, pero si no se regula su uso es muy probable que se produzca una sobreexplotación que termine por agotar este recurso.

El Estado puede tratar de paliar el mal uso de los bienes públicos fijando normas que regulen su empleo.

Por ejemplo, regulando la pesca mediante la concesión de licencias, limitando las perforaciones de pozos, estableciendo protocolos de actuación en las urgencias hospitalarias para derivar a ambulatorios aquellos casos que no requieran una atención inmediata, etc.

Al igual que ocurría con los bienes públicos, el Estado se encuentra con la dificultad de no poder realizar un análisis riguroso de coste-beneficio antes de acometer una inversión que afecte a estos bienes.

 

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